Esta es precisamente una de las características relevantes del acuerdo: después de años de enfrentamiento entre la Junta y el Gobierno de la nación a cuenta de la investigación con células madres embrionarias -el Ejecutivo del PP llegó a paralizar la ley andaluza de octubre de 2003 interponiendo un recurso de inconstitucionalidad-, la nueva situación política tras las elecciones de marzo ha permitido desatascar la situación. Ello fortalece la apuesta del entonces consejero de Salud de la Junta, Francisco Vallejo, que apostó decididamente por la biomedicina y, a la vez, esgrimió la bandera de la libertad de los científicos, personalizada en el fichaje de Bernat Soria.

Es de destacar, por otro lado, que la investigación con células madre está en mantillas, por lo que se hace imprescindible la contención de los responsables públicos a fin de que no pueda hacerse demagogia prometiendo la curación inminente de enfermedades graves que padecen muchos miles de andaluces, como la diabetes, el alzheimer y el parkinson, a quienes no se pueden vender falsas esperanzas, sino comprometerse con trabajar por ellos con seriedad y rigor.

Finalmente, la firma del convenio de Granada ha coincidido con un acto semejante de la ministra de Sanidad en Cataluña, en el que ha aclarado que no va a haber un solo centro de medicina regenerativa, sino varios, coordinados desde el punto de vista administrativo por el Instituto de Salud Carlos III, de Madrid. El carácter pionero, políticamente hablando, de la iniciativa de la Junta habría abonado su eventual primacía en estas investigaciones, pero la falta de una cultura científica consolidada y el débil, o ineficaz, ejercicio de presión realizado por la comunidad autónoma ante el Gobierno de la nación han hecho que se produzca la dispersión ya apuntada.