Sin embargo, la aparición y mayor incidencia en estos países de enfermedades altamente invalidantes en esas poblaciones (pensemos en el alzheimer o el parkinson), así como de otras e carácter degenerativo y progresivo, como las artrosis y otros procesos reumáticos, están haciendo saltar las alarmas sobre una nueva problemática emergente. Se trata de la asistencia a las dependencias que acarrean estas enfermedades, de qué hacer para incidir desde el punto de vista social en la solución mejor de las mismas.

La incorporación masiva de la mujer al mercado laboral hace inviable que la atención de los familiares enfermos puedan realizarla los cónyuges. Y no sería lógico que, como tradicionalmente se hacía, se cargara sobre las mujeres la prestación de esas ayudas a los mayores, cuando se andan aún buscando mecanismos para solucionar el problema de los hijos en edad escolar.

En España, el actual gobierno ha adelantado un proyecto de Ley en el que se recoge la intención de elaborar un futuro Sistema Nacional de Dependencia, que ya de entrada ha levantado serias polémicas, porque fundamentalmente en él no se trata de dónde van a salir los fondos capaces de coordinar esa nueva red de servicios. Aunque si es verdad que parece que los ?tiros? andan porque sean los propios posibles usuarios los que hagan sus aportaciones económicas, no se sabe si parcial o totalmente, con los recursos de sus pensiones contributivas.

El colectivo más beneficiado por ese nuevo Sistema es el de las personas mayores de 65 años (de los 1.125.000 futuros usuarios, según el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, tan solamente un 80% superan esa edad, llegándoles a estos algunos recursos de todo punto insuficiente: el 3,4 recibe ayuda a domicilio, el 2% teleasistencia, y el 0,4 cuenta con plaza en algún centro de día).

Sobre el coste calculado, se estima que en el año 2.015, ya a pleno rendimiento del Sistema, hagan falta unos 9.000 millones de euros. Es decir, el 1% del PIB.

La Sociedad Española de Geriatría, asimismo, se ha quejado ante la lectura del anteproyecto gubernamental porque, entre otras cosas, no contempla la coordinación que se hará necesaria entre los servicios sociales y el actual sistema sanitario, así como que carece de un plan de prevención que evitara problemas de malnutrición, depresiones y riesgos vasculares, de gran incidencia entre esas personas mayores.

Estamos pues ante uno de los grandes retos del siglo XXI. Y bueno es que se comiencen a concienciar los gobiernos del mismo. Pero lo que si está claro es que todo no puede supeditarse a tan solo buenas intenciones. La emblemática solidaridad, que tanto se reclama en la actualidad, tiene precio y ya no es la época de los sistemas benéficos.

Harán falta muchos estudios, de una parte, y el abordar qué papel jugarían en ese futuro Sistema Nacional de Dependencia las organizaciones no gubernamentales e incluso algunas fundaciones. Porque el Estado ya está bastante preocupado con el mantenimiento de la actual Seguridad Social, hoy en día con merma de aportaciones por culpa del paro y, además, con un coste cada vez más en aumento por las carteras de sus servicios públicos de salud, impedidos por la tecnología, cada vez más sofisticada también, y por las exigencias de los usuarios de los mismos.