Es común que desde Magazín Alzheimer (MA) recojamos y publiquemos las peticiones y preocupaciones de nuestros lectores con relación al servicio que prestan los gobiernos a las personas con demencias  y/o dependientes. Por otra parte, también es justo que hagamos eco de las actuaciones que desde la parte oficial tienden a subsanar las deficiencias y necesidades del sistema socio-sanitario español.

Precisamente, en varias publicaciones del mes de marzo se han presentado notas sobre tres tipos de actuaciones que desde los gobiernos estatal y autonómico se piensan adelantar con respecto a las demencias y a las personas dependientes, entre ellas la Enfermedad de Alzheimer (EA). La primera está relacionada con una estrategia planteada por el Ministerio de Sanidad y la segunda y la tercera presentadas desde la Generalitat de Catalunya para el 2007.

Planes de actuación del Ministerio de Sanidad con respecto a las demencias

Según cifras oficiales, aproximadamente en 9% de la población española padece algún tipo de trastorno mental, afecciones cuyos síntomas, muchas veces, no son tan perceptibles como los de otras enfermedades, hecho que puede hacer que este  porcentaje aumente. También se estima que algo más de un 15% de personas padecerá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Para el año 2004, en se calcularon 5,32 casos de suicidio (no todos atribuibles a enfermedades mentales, por supuesto) por casa 100.000 habitantes en España. En las personas con depresión, el riesgo de suicidio se multiplica por 21, y por 33 en los que padecen trastornos alimentarios.

Por otra parte, las demencias son la causa más frecuente de carga de enfermedad en Europa, con un impacto en la calidad de vida que supera al causado por enfermedades crónicas como la artritis, o la diabetes. Se estima que en España 3.000 millones de euros fue el coste de las enfermedades mentales en, el ya lejano, 1998, cantidad que incluye tanto gastos directos (hospitalización, medicamentos, etc.) como indirectos (invalidez, pérdida de vida laboral, etc.).

En cualquier caso, estas son cifras y consecuencias significativas que parecen haber hecho reflexionar al Gobierno del Estado español, de forma que desde el Ministerio de Sanidad se ha presentado (el miércoles 21 de marzo) una Estrategia de Salud Mental que pone de acuerdo al Gobierno con las comunidades autónomas para impulsar, esencialmente, el diagnóstico precoz de las demencias, además de impulsar actividades de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, así como mejorar la atención a los pacientes, reducir el estigma y la marginación.

La ruta de acción de la estrategia acordada considera la elaboración de guías de práctica clínica, dirigidas a los profesionales sanitarios y de asistencia social, que faciliten lograr un diagnóstico precoz desde los mismos centros de atención primaria.

Un aspecto muy importante, es el que toca al desarrollo de campañas contra el estigma social (tantas veces tratado el MA) que sufren tanto las personas con alguna enfermedad mental como sus propias familias. Particularmente, con relación a la EA esta situación es la que quizás haya registrado un mayor avance positivo en la última década, permitiendo que la enfermedad se ventile públicamente, se le de un lugar en el ámbito socio-sanitario y cobre la real dimensión que requiere para la solución de los problemas científicos y socio-sanitarios que requieren tanto pacientes como familiares y cuidadores. Si embargo, aun queda mucho por hacer al respecto, y esta iniciativa oficial es muy bien recogida por entidades como asociaciones de familiares y fundaciones., así como por el mismo personal profesional socio-sanitario.

Un punto especial de esta estrategia es que plantea una atención preferencial a grupos especialmente sensibles, como niños, adolescentes y mujeres maltratadas, reclusos y mayores en situación de padecer exclusión. Esperamos que, además, esta estrategia contemple los que se podrían denominar "casos especiales" como son, entre otras, el de las personas que padecen EA precoz o personas con síndrome de Down (o personas con retardos mentales) que además sufren de EA y que se encuentran en un limbo en el que el sistema los recluye, una discriminación brutal por el hecho de no coincidir con los "parámetros" estipulados de clasificación socio-asistencial y hasta sanitaria.

La atención a las personas con demencia: Un nuevo reto social de la Generalitat de Catalunya

A lo largo del año 2007, la Generalitat destinará a la atención a la dependencia unos 700 millones de euros, la mitad de los cuales (336 millones) son prestaciones sociales de carácter económico de derecho a la concurrencia dirigidas a las personas discapacitadas y en situación de dependencia.

Por otro lado, el Gobierno del Estado y la Generalitat invertirán 128 millones de euros más, fruto de la aplicación de la nueva Ley de la Dependencia de ámbito estatal. La Ley, que la Generalitat aplicará a finales de abril, beneficiará en la primera fase a unos 30.000 catalanes con pérdida total de la autonomía física, mental, intelectual o sensorial, y que necesitan ayuda. El Gobierno catalán i la Administración central están consensuando que baremos aplicar a la hora de valorar las dependencias.

De otra parte, la Ley supondrá, hasta el 2015, la creación de 40.000 puestos de trabajo, sobretodo de cuidadores profesionales especializados en ámbitos de atención a gente mayor y discapacitados.

Se ha estimado que la esperanza de vida a partir de los 65 años es de 16 años para los hombres y de 20 para las mujeres. Esta en una frontera a partir de la cual la situación de dependencia se intensifica. El presupuesto anual para una persona con discapacidad moderada es de 9.132 euros, con dependencia severa 10.554 euros y una discapacidad total cuesta unos 12.900 euros. Se calcula que en Catalunya hay unas 320.000 personas dependientes de más de 65 años.

A finales de marzo se abrirá la convocatoria de 2007 de las prestaciones sociales de carácter económico de derecho de concurrencia por un total de 336 millones de euros, el 10% más que el año pasado. Las ayudas para cada una de las prestaciones son:

• Atención social a las personas con discapacidad (46,5 M €)
• Ayuda económica a las personas mayores con dependencia (2,3 M €)
• Acogida residencial, centro de día, alojamiento tutelado y Estadías temporales para gente mayor (274,7 M €)
• Acceso a residencias con servicios comunes para personas con problemática social derivada de enfermedad mental (12,7 M €)

La valoración de la situación de necesidad se hará teniendo en cuenta exclusivamente el patrimonio, los ingresos económicos y las condiciones sociales de la persona beneficiaria.

Como datos complementarios se tiene que, a enero de 2007, las plazas residenciales en Catalunya son las siguientes:

Plazas en residencias y larga estadía sociosanitaria (mayoritariamente personas mayores)

• Residencias (16.252)
• Larga estadía en centros sociosanitarios (5.425)
• Privadas (30.926)
• Total (52.603)

Plazas en centres de día

• Centros para gente mayor (15.495)
• Centros sociosanitarios (1.750)
• Hospitales sociosanitarios (4.000)
• Total (21.245)

Servicios para discapacidades y enfermedades mentales (personas)

• Atendidas en hogares de residencia (2.336)
• Atendidas en centros residenciales (2.900)
• En residencias para trastorno mental severo (600)
• En centros especializados (509)
• En centros ocupacionales (7.447)

Atención en el ámbito comunitario (personas)

• Teleasistencia (16.000)
• Atención domiciliaria (53.800)
• Prestación "Viure en familia" (71.000)

La ley de servicios sociales de Catalunya                   

Desde MA ya hemos hecho referencia a esta ley, sin embargo, vale la reseñar los aspectos más importantes de la misma de cara al año 2007. La Ley de Servicio Sociales, en proceso de aprobación en el Parlamento de Catalunya, será el cuarto pilar del estado del bienestar, al lado de la educación, la sanidad y las pensiones.

El texto garantiza y universaliza el derecho a los servicios sociales para todas las personas que tienen necesidades de los mismos en Catalunya. Así se cumple uno de los compromisos expresados en el pacto de gobierno establecido en las últimas elecciones. El Estatuto de Autonomía de Catalunya atribuye a la Generalitat competencia exclusiva en materia de asistencia social i de servicios sociales.

El objetivo es pasar de un sistema de servicios sociales asistencialista, basado en la acreditación de falta de recursos suficientes por parte de cada usuario, a otro que de cobertura a todo el que tenga una determinada necesidad, con independencia de su situación económica, es decir un nuevo modelo de garantías universales.

La Ley establece diez compromisos:

1. No más se evaluará la renta de la persona usuaria.
2. Los patrimonios intestados sin herederos serán donados a los servicios sociales.
3. Se analizarán y se atenderán todas las solicitudes, y la renta no más servirá para fijar el precio.
4. Habrá una red única de servicios sociales de atención pública.
5. Se descentralizarán los servicios sociales.
6. Se asignará un(a) profesional de referencia que orientará al usuario a lo largo de su vida.
7. Las personas con grave situación de dependencia física podrán escoger entre vivir en su casa con ayuda a domicilio, vivir en un centro residencial, o bien disponer de un asistente personal.
8. Se regulará la participación de las entidades, sindicatos y patronales, entidades municipalistas y colegios profesionales en la planificación i la evaluación de los servicios sociales, conjuntamente con la Generalitat.
9. El Parlamento aprobará anualmente la cartera de servicios por ley, con un modelo equivalente al de salud o educación.
10. Los ciudadanos y ciudadanas que crean que no son atendidos correctamente podrán reclamar más fácilmente a la Administración.