Durante la III Jornada sobre Societat i Malaltia d'Alzheimer organizada por la Fundació Viure i Conviure (Caixa Catalunya - Obra Social), con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, se trataron nuevos planteamientos alrededor de la Ley de Dependencia y la regulación que hará esta en relación con las demencias, con un énfasis especial en la enfermedad de Alzheimer.

La Jornada contó con la participación de expertos y representantes de los principales colectivos y asociaciones que dan apoyo a las personas que padecen la enfermedad. Las conferencias y especialmente el debate (a cargo de Ángel Rodríguez Castedo director del IMSERSO, Jordi Tudela director del PRODEP del Departamento d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Dra. Ana Berrocal profesora de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid) y la Dra. Mercè Boada (neuróloga, directora médica de la Fundació ACE - Institut Català de Neurociències Aplicades).

Sin lugar a dudas, la aprobación y aplicación de la Ley de Dependencia constituye un avance importante de la sociedad en la atención de las personas dependientes, una deuda pendiente de las administraciones públicas que empieza a subsanarse. A pesar del beneplácito que ha suscitado la Ley se dejan escuchar voces inconformes sobre los alcances que pueda lograr su aplicación o inquietudes sobre aspectos como los convenios, los alcances y prestaciones previstas, el método y baremo con que se valora el grado de dependencia, la implementación y financiación, y el escaso peso de los ayuntamientos, entre otras cosas.

Calendario de aplicación de la Ley

Inicialmente, para todas aquellas personas que saben bien lo que representa la enfermedad de Alzheimer, sobre todo en relación con el desgaste físico y mental de sus familiares cuidadores y el costo (no solamente económico), es muy probable que el calendario de implementación haya generado decepción, ya que han visto retrazado el acceso a los servicios previstos según el grado de dependencia.

La aplicación de la Ley está prevista de forma gradual durante un período de ocho años y de la siguiente manera:

• El primer año podrán acceder a las prestaciones las personas valoradas con un Grado III de dependencia, niveles 1 y 2.
• En el segundo y tercer años podrán acceder a las prestaciones las personas valoradas en un Grado II de dependencia, nivel 2.
• En el tercer y cuarto año podrán acceder a las prestaciones las personas valoradas en un Grado II de dependencia, nivel 1.
• En el quinto y sexto año podrán acceder a las prestaciones las personas valoradas en un Grado I de dependencia, nivel 2.
• En el séptimo y octavo años podrán acceder a las prestaciones las personas valoradas en un Grado I de dependencia, nivel 1.

Vale la pena recordar que los grados de dependencia fijados por la Ley, en función de la autonomía y de la intensidad de atención que requiere la persona implicada, son:

• Grado I. Dependencia moderada: la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria, al menos una vez al día (25 a 49 puntos).
• Grado II. Dependencia severa: la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria, dos o tres veces al día (50 a 74 puntos).
• Grado III. Gran Dependencia: la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria, diversas veces al día, y para su pérdida total de autonomía mental o física necesita la ayuda permanente de un cuidador (igual o mayor a 75 puntos).

Garantía de la Universalidad. La universalidad de las prestaciones significa que han de ser para todo quien se encuentre en situación de dependencia, con independencia de cual sea su situación económica.

La Ley plantea dudas sobre las garantías de universalidad y equidad de las prestaciones ya que, aunque establece un Catálogo de Prestaciones Básicas comunes a todos los ciudadanos financiado por la Administración central del Estado, su contenido podrá ser ampliado por las diferentes administraciones autonómicas, según sus posibilidades para financiarlos. Algunas comunidades, han dejado sentir su preocupación ya que el actual modelo de financiación autonómica genera diferencias en la capacidad recaudatoria de cada comunidad que pueden generar desigualdades en la oferta de servicios en función de la comunidad donde se viva.

Así pues, algunas voces se dejan oír en el sentido de que el Estado no garantiza la financiación de una cartera básica e igual para todos y se invaden las competencias de las comunidades autónomas. También se llama la atención de que sea posible que la Ley no marque bien las líneas de relación entre el Estado y las comunidades autónomas, y por la posibilidad de que el dinero que da el Estado a las comunidades no llegue por igual a todos los ayuntamientos. Es por ello que se reclama que la ley fije bien los canales de distribución de la financiación, de forma que se eviten más gastos posteriores en el control de los servicios que en la prestación de los mismos.

Por otra parte, está previsto que las personas beneficiarias participen en el financiamiento del recurso de que sean beneficiarios, en función de la capacidad económica (incluyendo la totalidad de sus rentas, también las patrimoniales y de capital), de forma justa y equilibrada. Así pues, la articulación del co-pago, fue otro de los aspectos básicos del futuro sistema de dependencia que preocupó a los participantes en esta jornada, cuestionando que con él se garantice bien la universalidad del sistema, esto es, que la Ley garantice el acceso a las prestaciones a todos los españoles.

Para solucionar este problema, el Gobierno, en su última redacción de la Ley, ha querido anclar más el derecho a que la prestación de dependencia sea universal. Para ello, la norma establece que dicho derecho será exigible administrativa y judicialmente.

La financiación y la reordenación de recursos. La financiación pública y la fijación de los criterios para recibir la prestación son dos temas que   aún quedan por definir mejor para la aplicación de la ley. El director general del IMSERSO, Angel Rodríguez Castedo, aseguró durante la Jornada que la Ley de Dependencia no supondrá, en principio, una subida de impuestos. Rodríguez explicó la Ley de Dependencia dará respuesta individualizada a cada persona dependiente a través de un catálogo de prestaciones.

El Gobierno ha anunciado una inversión un total de 12.638 millones de euros entre 2007 y 2015 (período de implantación del sistema) y exigirá a las comunidades autónomas que inviertan la misma cantidad. Precisamente, el Sistema Nacional de Dependencia arrancará en 2007, otorgando una prestación, fundamentalmente de servicios, a 200.000 personas que tienen un grado de dependencia más severa. Iniciar con ellos el sistema costará sólo en el próximo ejercicio 1.600 millones de euros.

Se prevé que la distribución de este dinero se acuerde en convenios bilaterales entre el Estado y cada comunidad autónoma, siempre descartando la financiación de la cartera básica de prestaciones, que será íntegramente financiada por el Gobierno central. En Ejecutivo calcula que para 2015, fecha en la que deberá estar implantado el sistema, éste tendrá un coste aproximado de 9.500 millones de euros.

En la jornada, también se planteó que el problema no es de falta de recursos o de indefinición de competencias sino de reordenación de los recursos que ya se tienen, de que establezca un proceso adecuado de financiación; incluso se mencionó que el dinero que deban aportar las comunidades autónomas debería salir de otras partidas presupuestarias distintas a las de dependencia. La reordenación y reorientación de los recursos que ya destinan las comunidades a atender a personas dependientes - a través de sus servicios sociales- hacia una red de atención a dependientes, podría suponer un importante ahorro que se traduciría automáticamente en mayor financiación de los servicios que ya se prestan a través del sistema sanitario.

Yendo un poco más allá también se escuchó propuestas en el sentido de reordenar los recursos y los servicios mismos, como es el caso de lograr que con los beneficios que cobijarán a los cuidadores, muchas de las personas que se encuentran en residencias y no deberían estar allí (cifra que algunos estiman alrededor de un 30%), vuelvan a ser atendidos de forma adecuada en sus hogares o en otros centros).

El director del IMSERSO, Angel Rodríguez Castedo, pidió a los asistentes a la Jornada, y en cabeza de ellos a la sociedad en general, tranquilidad, prudencia, seriedad y cooperación, ya que, según afirmó, en España hay buena salud económica, y un amplio acuerdo social para destinar los beneficios de el crecimiento económico al desarrollo de esta ley.

Mejora de la autonomía. De otro lado, en contra de los buenos comentarios sobre el fomento y mejora de la autonomía que pretende la Ley y de la asistencia sociosanitaria en contra de la medicalización de tal atención de personas dependientes, se dejan escuchar voces críticas en el sentido de que la Ley no garantiza el derecho a decidir sobre su propia vida a las personas con diversidad funcional, ya que será un equipo "técnico" el que decida si una persona está en condiciones de vivir en su casa, en su entorno, con su familia y amigos (como el resto de los ciudadanos) o por el contrario debe ser recluido en una residencia. Este es un asunto que merece un debate más amplio, más allá de la mera crítica fácil de la libertad para decidir, ya que se deben conciliar los derechos personales con el  bienestar social general (el sistema funciona con recursos de todos), el rigor médico con el sentido humano de cualquier asistencia, una simbiosis que debe estar presente en cualquier tipo de acción que se ejerza sobre un colectivo social.

Como ya se ha mencionado, el asunto de la medicalización saltó a la palestra, y con base en ello se hizo un llamado de atención por velar porque el concepto de dependencia no se asocie simplemente con el de discapacidad o enfermedad crónica (que exige tratamiento médico, hospitalización, medicamentos, rehabilitación, etc.), de forma que la atención sociosanitaria se convierta en asistencia médica objeto de transacción y no responda a las necesidades de las personas dependientes.

Los recursos físicos, humanos y la parte laboral. Otro asunto tocado en la Jornada sobre Societat i Malaltia de d'Alzheimer fue que la aportación de un gran número de recursos humanos necesarios para la prestación de servicios es un debate que no ha comenzado todavía, y que para que la red de atención tenga éxito debe montarse con unos criterios unificados de gestión y formación.

El director general del IMSERSO, Angel Rodríguez Castedo,  destacó que en la implantación de esta ley se invertirán unos ocho años y que podría generar 500.000 puestos de trabajo. recisamente, si la Ley tiene un aspecto favorable es que su aplicación sacará de la economía sumida a muchos de sus cuidadores y permitirá que, con la nueva red de atención de profesionales, casi 100.000 familiares, que ahora se dedican al cuidado de personas dependientes, queden liberados para incorporarse al trabajo, cotizar y ser reconocidos como prestadores de un servicio por parte del Estado. Es indudable que la ley es más equitativa para el cuidador que para el enfermo (al menos en las primeras etapas de aplicación), ya que la prestación de los cuidados a domicilio por familiares a cambio de un sueldo y Seguridad Social mejorará su situación.

No obstante no faltan las críticas de personas que ven en ello una forma de perpetuar su aislamiento social, y que no garantiza una atención de calidad por falta de personal profesional, o que puede contribuir a  "legalizar" el trabajo doméstico de las mujeres, o a que muchas de ellas con trabajos fuera de casa y bajos salarios se dediquen en exclusiva a ese trabajo doméstico (por voluntad o bajo presión conyugal o familiar, aun asumiendo que, es el caso de personas mayores, esta situación será temporal).

Finalmente, el director general del IMSERSO resaltó la importancia de mejorar la calidad de atención a las personas mayores dependientes, para lo que es necesario, según dijo, formar a los futuros profesionales de este sector, así como a los "cuidadores", actualmente una gran mayoría de mujeres.

Sin embargo, Rodríguez Castedo reconoció que durante los primeros años de aplicación de la ley existirá un déficit de equipamientos necesarios para atender la demanda de los ciudadanos, puesto que la ley no puede crear de golpe las plazas residenciales necesarias, pero no debemos preocuparnos, porque se crearán miles de equipamientos para completar la red de centros residenciales y centros de día.

La articulación institucional. Es importante anotar que se espera que el nuevo Sistema Nacional de Dependencia (SND), se convierta en una red pública, diversificada, que integre y coordine diferentes centros y servicios públicos y privados, debidamente acreditados.

El sector que espera tener una de las mayores participaciones en el futuro sistema de dependencia es el de la economía social (cooperativas, sociedades laborales, mutualidades o fundaciones). Las empresas de economía social ya han anunciado que aspiran a gestionar, al menos, un tercio del total del futuro sistema de atención a personas dependientes. Aún así, se trata de una porción inferior a lo que gestiona el sector, por ejemplo en Alemania, donde se ocupan de la mitad del sistema.

En otro forum sobre el tema, el presidente de la Fundación ONCE, Carlos Rubén Fernández, señaló como fundamental el papel de la economía social e hizo un llamado para que las Administraciones Públicas fomenten estas empresas, que ya emplean a un millón de personas. De ahí que aspiren a generar muchos de los 450.000 empleos que se prevé cree el futuro sistema.

A todas luces esta forma empresarial no es para nada común o asimilable, por ejemplo, a las factorías. En ella se requiere mucha inversión a largo plazo y con una rentabilidad muy corta, además de vocación y una gestión de recursos humanos bien formados, con características muy específicas de calidad y calidez, a la vez que bien pagados.

Otras preguntas. La gente esta interesada, siente la Ley como una buena herramienta social, muchos la catalogan, y compartimos esta visión, como la Ley del Siglo XXI (sin lugar a dudas una de las más importantes de la historia reciente del Estado Español), pero no se dejan de hacer preguntas que hemos recogido en eventos realizados sobre el tema, en Fundació ACE, en FamiliAlzheimer.org y este Magazín, por ejemplo: ¿Qué pasará con las empresas de Ayuda a domicilio? ¿Será compatible el hecho de cobrar 561€ o más con tener un servicio de 1 o 2 horas de Ayuda a Domicilio? ¿Podrán las personas que cobran ese "sueldo" enviar a sus familiares a Centros de Día y cobrar algunas ayudas sociales que pudieran estar recibiendo en estos momentos? ¿Qué restricciones tienen los pensionistas que ya cobran su pensión? ¿Qué pasará con los subcontratos de cuidador con base en ese salario de 561€? ¿Qué pasará con las personas que se dedicaban a labores de cuidador sin tener los conocimientos al respecto, se les brindará apoyo para capacitarse (si es el caso) o se les ayudará a encontrar otro tipo de trabajo?

Como  hemos dicho antes, desde Magazín Alzheimer compartimos  la esperanza de un futuro mejor para las personas dependientes. Sabemos que no todas sus demandas serán cubiertas de inmediato, pero estamos seguros que la Ley se irá justando de acuerdo a las demandas sociales y que se convertirá en la Ley del siglo XXI, haciendo de la sociedad Española una sociedad más justa y solidaria. Por lo pronto, es necesario informarse bien, hacer las solicitudes que se crean pertinentes en los plazos indicados, seguir transmitiendo sus inquietudes y los problemas que puedan presentarse tanto directamente a la administración pública como a las diversas asociaciones relacionadas con el Alzheimer, de forma que sean la base de futuros ajusten que cobijen al mayor número de personas y situaciones posibles.