-La sociedad española envejece a marchas aceleradas y, además, los españoles cada vez son más longevos. ¿Qué respuesta se requiere de los servicios sociales ante esta situación y cuál se da realmente?
-Yo diría que las administraciones están preocupadas y, por tanto, creando recursos de atención, pero las necesidades que marca la propia demografía van mucho más deprisa. Creo que en dos años, la población mayor de 60 años se ha incrementado en un 3 por ciento, lo cual es ir muy rápido. A nadie se le escapa que se está yendo por detrás de lo que se precisa, sobre todo porque también hay que tener muy en cuenta los cambios sociales. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo está suponiendo una muy importante pérdida de apoyo informal, que en la sociedad española -en la que la red familiar todavía pesa mucho- es fundamental.

-¿El papel de las mujeres en dar este soporte sigue siendo primordial en España?
-Por supuesto. De ahí que sea tan necesario encontrar un equilibrio entre la oferta de infraestructuras públicas y el apoyar a la mujer que opta por quedarse en casa, cuidando de sus mayores. Estas personas cumplen un papel social vital y, sin embargo, se quedan fueran del sistema de protección, sin pensión y sin ningún tipo de derecho. Ni siquiera se suele tener en cuenta que, a veces, la cuidadora ha de ser cuidada. A esto hay que añadir que todos los estudios dicen que las redes de ayuda informal son muy necesarias, lo mismo que la intergeneracional y, sin embargo, no se las considera lo suficiente. No se debe perder de vista que las carencias se ven en tres ámbitos: el informal, los servicios especializados y el apoyo a la autonomía.

-En el último informe del Defensor del Pueblo revelaba un alto número de quejas sobre la Administración de la Justicia y sobre cuestiones de consumo. No parecían relevantes las referidas a los servicios sociales, lo que llama la atención, debido a que los déficits de infraestructuras o servicios amargan o complican la vida a muchos ciudadanos.
-Quejas hay. Y muchas. Algunas tremendas. Lo que pasa es que la gente mayor, que sería la más afectada por las carencias, está tan acostumbrada a sufrir Las reclamaciones se producen por la falta de plazas en residencias, por las larguísimas listas de espera, por la tardanza de los servicios sociales en dar respuesta a necesidades que, a veces, son urgentes. En la Oficina del Defensor del Pueblo se está empezando a notar mucho movimiento en este sentido por parte de las asociaciones que se crean en torno a dolencias concretas (como la del Alzheimer) o las de discapacitados.

-¿Cuál le parece el problema más acuciante que sigue sin ser abordado? -Uno de los mayores es la falta de coordinación entre el ámbito sanitario y el social para dar respuesta a situaciones -y son numerosas- que no son, estrictamente, ni de un área ni de otro, sino de los dos. Sería exigible una mayor relación entre los servicios sanitarios y los sociales y, sobre todo, superar algunas lagunas conceptuales. Existen tan pocos recursos intermedios que algunas cuestiones no las resuelven los medios sanitarios y, los sociales, tampoco. A ambos les faltaría estructura para una mejor respuesta. Es de desear que la Ley de la Dependencia que se está redactando dé soluciones a todo esto.

-¿La universalización de los servicios sociales llegará alguna vez a la clase media, la gran olvidada del sistema actual?
-Es deseable. Dejémoslo ahí. El Defensor del Pueblo le puede decir al Parlamento y al Ejecutivo dónde hay un derecho reconocido por la Constitución que está vacío de contenido o que precisa un mayor desarrollo, pero nada más. Nuestro papel es el de ir empujando para que la universalidad sea una realidad y lo hacemos trasladando las denuncias que recogemos de los ciudadanos. En muchas ocasiones, éstas son terribles. Y hay cosas que se arreglan.