La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha elaborado un informe ?de sugerencias? sobre el texto del anteproyecto de la llamada Ley de Dependencia, presentada hace unas semanas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La principal preocupación de CEOMA y por el que ha mostrado su ?decepción? es por el hecho de que el nuevo sistema de asistencia no se incluye dentro de la Seguridad Social ?lo que hace que toda la arquitectura del proyecto se resienta de una gran debilidad?, asegura.

A juicio del presidente de CEOMA, Eduardo Rodríguez Rovira, este aspecto implica "debilidades, ambigüedades e incertidumbres", especialmente en lo que se refiere a la creación de un nuevo derecho subjetivo. A pesar de ello, la Confederación deja claro que su posición va a ser la de colaborar en el perfeccionamiento del texto y pide que se acelere la tramitación de la Ley ?sin pérdida del rigor y profundidad en el debate de su contenido?, que es precisamente la pretensión del informe presentado.

Para el colectivo, tras el modelo presentado, la cuestión fundamental es que será necesario determinar de modo inequívoco el contenido prestacional de los derechos, prever una financiación segura y establecer el derecho de reclamación ante las instancias jurisdiccionales. Pero avisan de que ?ninguno de estos requisitos parece que sen cubiertos adecuadamente en el anteproyecto, y éste es un defecto primordial que debe ser corregido?. Y también echan que no se declara taxativamente en el articulado que se trate de una Ley Básica Estatal.

Ley de Beneficencia
Según CEOMA, el derecho de acceso en condiciones de igualdad debe ser recogido con más contundencia en la Ley, ya que considera que el mayor riesgo del texto es que se identificada como una Ley de Beneficencia ?muy moderna ?aseguran- pero solamente para pobres?. La organización considera que los aspectos recogidos de niveles de renta, prioridades, convenios ?y demás limitaciones a lo largo del anteproyecto, pueden relativizar este derecho esencial y el principio básico de la universalidad?.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores asegura aceptar la necesidad de asumir un parte del coste de la dependencia por parte de los beneficiarios, ?ya que de otra forma esta ley no se aprobaría?, afirma. Pero sostienen ?excesivo? que la contribución de los beneficiarios sea de un tercio del coste. ?Un copago medio del 20 por ciento parecería razonable, con un abanico que fuera del 0 por ciento en muchos pensionistas con pensiones mínimas, pero nos parecería absurdo que por el otro extremo se extendiera hasta el 90 por ciento del coste, como también se ha insinuado?. CEOMA entiende que en esta situación ?no estaríamos ante un Derecho Universal sino ante una postmoderna Ley de Pobres del Siglo XIX?.

Además sostiene que no se garantiza el derecho básico de libertad de elección de los beneficiarios y sus familias, ya que la atención directa familiar, considera excepcional, está recogida de una forma intervencionista ?a través de terceros que saben paternalísticamente más que ellos determinen los que les conviene?. También consideran que debería incluirse el derecho de acceder a los servicios de cualquier división territorial sin periodos de carencia residencial

Defensa frente a fallos
Para CEOMA, el sistema propuesto carece de un mecanismo nacional de defensa de los beneficiarios frente a fallos e irregularidades. El anteproyecto incluye un régimen sancionador de las infracciones, asegura, pero no parece prever los incumplimientos por parte de las Comunidades Autónomas de sus compromisos con la Administración General del Estado.