La nueva Ley de Reproducción Asistida, aprobada en noviembre por las Cortes, pasará a mejor vida sin haber tenido casi tiempo de estrenarse. El futuro Gobierno del Partido Socialista redactará una nueva normativa que desactivará el pulso cruzado que mantenían hasta ahora en este campo el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía, con sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra las respectivas leyes que regulan estas investigaciones. Una vez en marcha el nuevo Ministerio de Sanidad, éste reconocerá el papel pionero de la Junta en el impulso a las investigaciones biomédicas y la validez del primer banco público de células madre abierto en Granada, lo que dejaría sin efecto el recurso andaluz contra la Ley general por invasión de competencias. El Gobierno en funciones de Manuel Chaves ya ha pedido la retirada del recurso y de la suspensión cautelar de la ley autonómica por cinco meses que decretó el Constitucional el pasado mes de enero. Nuevas vías El inesperado vuelco político de las elecciones generales despejará el camino a la experimentación con células madre embrionarias en busca de remedios para la diabetes, parkinson y alzheimer, entre otros males, lo que es una buena noticia para las asociaciones de enfermos que tanto han luchado en este campo. De acuerdo al planteamiento del PSOE, podrán utilizarse para investigaciones biomédicas, con estrictos controles públicos, científicos y el consentimiento informado de los 'padres', todos lo embriones que sobren de los ciclos de fecundación 'in vitro'; también los que puedan generarse en el futuro, y no sólo los ya existentes hasta el momento de entrada en vigor de la actual Ley de Reproducción Asistida. Hay otras incógnitas aún sin respuesta en el futuro armazón legal que ha de soportar las investigaciones con células madre, embrionarias o de otros tejidos. Entre ellas, si se mantendrá el diseño conjunto del futuro del Centro Nacional de Transplantes y Medicina Regenerativa -y dentro de él, del Banco Nacional de líneas celulares embrionarias- previsto en la Ley actual, y cómo se articulará el trabajo científico en red para conjugar las aspiraciones autonómicas sobre sus propios centros investigadores y los intereses conjuntos de todo el Estado.