En otoño de 2003 cerca de mil asociaciones de mayores se reunían en el VI Congreso Nacional de Mayores (Valladolid), del que salieron unas propuestas básicas para una comúnmente llamada Ley de Dependencia. Tales preocupaciones, solicitudes y propuestas fueron introducidas en la agenda política gracias a la participación activa de las asociaciones en la redacción de un proyecto de ley, que decidieron que los autores de la Ley no prescindieran de la opinión de las personas afectadas o al menos de sus familiares, cuidadores, y asistentes socio-sanitarios, es decir para redactar una ley para los mayores y los dependientes teniendo en cuenta la opinión de ellos y de su entorno social cercano.

En aquel entonces, Eduardo Rodríguez Silva (Presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores CEOMA) anotaba que «lo que nos interesa es que salga [la Ley] cuanto antes porque los mayores no tenemos tiempo para discutir mucho los detalles». Respecto al mencionado Congreso de Valladolid, el mismo Rodríguez Silva comentaba que era «una forma de romper el hielo y empezar a hacer que nos escuchen tanto el gobierno como los partidos políticos. No estarán de acuerdo con las bases, pero eso nos da igual; lo que nos preocupa es que hablen de ellas, aunque sea para decir que no les gustan y que las van a cambiar».

Las bases presentadas en aquel Congreso de Valladolid solicitaban una ley de ámbito estatal dentro del régimen de la Seguridad Social que garantizara un sistema de seguridad para los casos de necesidad (entre ellos los de dependencia), que sobrepasase el alcance de los Servicios Sociales. Entre otras propuestas puntuales las asociaciones de mayores pugnaban porque las personas mayores tuvieran derecho a una plaza en una residencia o centro de día, según el grado de dependencia.

A pesar de que en otros países de Europa como Alemania y los Países Nórdicos leyes semejantes ya habían sido aprobadas y ejecutadas desde décadas atrás, tanto los responsables de las asociaciones como los familiares de personas mayores y personas dependientes sabían que habría que esperar a una o quizás dos legislaturas más a que éstas propuestas. La espera que desde el 2003 se prolongaba con respecto a un proyecto de ley suficientemente maduro, ha llegado a su fin el pasado 23 de diciembre gracias a la aprobación de un proyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes por parte del Consejo de Ministros. Según este organismo la ley, que podría ser aprobada en dos meses y entrar en vigor en el 2007, constituye la primera piedra de un nuevo Sistema Nacional de Dependencia, que tiene como objetivo principal las ayudas económicas a las familias que cuidan de personas mayores, enfermas o discapacitadas.

Pero esta Ley no sólo es de interés para las personas mayores y dependientes sino que afecta a la sociedad entera, pues todos llegaremos a ser mayores y potencialmente dependientes. Actualmente en España la posibilidad de una persona cumpla 65 años es de casi el 90%, dato que se complementa con otras estadísticas que resaltan la importancia de esta Ley. En la actualidad una persona mayor de 65 años tiene derecho a una pensión no contributiva; sin embargo, si esta persona tiene una dependencia y necesita una plaza en una residencia o centro de día debe cumplir una serie de requisitos o baremos, y no tiene derecho a exigirlo. Esta situación ha obligado a muchas personas a optar por una residencia privada o simplemente a no tener ninguna opción, con todas las consecuencias económicas y de convivencia que una familia en estas circunstancias debe afrontar.

Según datos de la Generalitat de Catalunya el 17.2 % de la población de Catalunya es gente mayor de 60 años, es decir más de 1 millón de personas; la gran mayoría de los dependientes son gente mayor de 65 años, y en mayor proporción mujeres; las personas dependientes alcanzan hasta el 60% en municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que da idea de una ruralidad que debe tenerse en cuenta a la hora de plantear modelos y programas socio-sanitarios; a 2003, en España se estimaron 2.8 millones de personas con dependencia, y aproximadamente 300.000 en Catalunya que corresponden al 21.2% de la gente mayor (este dato es contrastante con el suministrado por el Gobierno estatal de 1,3 millones de personas que no pueden valerse por sí mismas y sobre el cual se ha proyectado los recursos del Sistema Nacional de Dependencia en los próximos años).

En Catalunya el 24 % de personas dependientes se encuentran en instituciones geriátricas en contra del 77% que viven en sus domicilios particulares y a cargo de familiares que han renunciado a su vida laboral para asumir esta responsabilidad. Con el horizonte puesto en el 2026, se estima que el número de personas dependientes alcanzará los 3 millones; en Catalunya se estiman 60.000 personas con diagnóstico de EA y otras demencias, el 10% por encima de 65 años, y 40% por encima de los 80 años; se considera que la mitad de los enfermos de EA en España están por diagnosticar.

Estas personas, simplemente representadas por fríos números, demandan una serie de servicios tales como: Cuidadores informales y profesionales; una mayor cobertura del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD, que sólo llega al 1.5 % de la población); aumento de plazas en residencias geriátricas. En este momento Catalunya cuenta con un total de 51.509 plazas, 21.000 de oferta pública (7.458 directa y 14.148 concertada) y 29.903 de oferta privada.

Ante estas cifras y situaciones, no basta el acuerdo alcanzado con los agentes sociales que avala el haber recogido, al menos en parte, lo propuesto por los interesados directos desde años atrás. Aun queda por evaluar los alcances de este proyecto de Ley, las necesidades de ajuste, y la verdadera posibilidad de ejecución del futuro sistema nacional de atención a las personas dependientes. El proyecto establece diferentes grados de dependencia: Grado I (moderada) cuando la persona necesita ayuda para hacer actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día; Grado II (severa) cuando necesita ayuda dos o tres veces al día, pero no requiere presencia permanente de un cuidador; Grado III (gran dependencia) cuando por su total pérdida de autonomía física o mental necesita la presencia indispensable y continua de otra persona.

En cada uno de los grados de dependencia se fijarán dos niveles en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado de otra persona. Según el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera, el sistema «se configurará como una red pública, de garantía pública, pero diversificada que integrará de forma coordinada centros y servicios tanto públicos como privados, incluso pensamos que el mayor desarrollo se hará a partir de la iniciativa privada, que concertará sus servicios». El ministro añadió que el sistema dará preferencia la prestación de servicios y en los casos en que ello no sea posible se podrá acceder a ayudas económicas «vinculadas a la contratación del servicio en el mercado privado». Por otra parte, los cuidadores familiares (no profesionalizados) podrán percibir una prestación económica y tendrán que darse de alta en la Seguridad Social. Otra posibilidad será la suscripción de un seguro privado, lo que conllevará beneficios fiscales.

El catálogo de servicios incluirá los de promoción de la autonomía profesional (prevención de las situaciones de dependencia, teleasistencia, ayudas técnicas...); de atención y cuidado (ayuda a domicilio, atención a necesidades del hogar y cuidados personales); servicio de atención en centros de día y de noche y de atención en centro residencial.

Para determinar los niveles de dependencia habrá servicios de valoración, que se encargarán de evaluar la situación del ciudadano y sus necesidades y, además, se elaborará un baremo único para toda España. Todos los españoles mayores de 3 años que no puedan valerse por sí mismos se beneficiarán del Sistema Nacional de Dependencia. Para los extranjeros residentes será en función de la ley de Extranjería, y para los europeos en función de los tratados internacionales.

Según ministro Caldera, el sistema asistirá en 2007 a 200.000 ciudadanos en situación de dependencia grave, y en los dos años siguientes a 373.000 dependientes severos (grado 2 nivel 1 y grado 2 nivel dos). A partir de ahí y de forma paulatina se atenderá al resto de afectados, "de otro modo no sería posible desarrollarlo", explicó el ministro.

El proyecto de ley supone pues la ampliación sustancial y cualitativa del Estado del Bienestar para situarlo en el lugar que ha venido ocupando la familia frente a las carencias del Estado y de la propia sociedad, y que demandará un compromiso permanente de las administraciones públicas por planificar y garantizar los recursos necesarios que aseguren la adecuada aplicación y cumplimiento de la futura ley y que no se quede como una declaración de intenciones o un catálogo de esperanzas.

Precisamente, un punto álgido relacionado con esta Ley es el económico, en el que el Gobierno debe garantizar que hay y habrá dinero para mantener este nuevo compromiso social. En los últimos años (2003 y 2004) la inversión presupuestal en asuntos de dependencia se ubica entre el 0,6 y el 0,8% del Producto Interno Bruto, mientras que según estudios publicados al respecto, el coste de la dependencia en España alcanza un 1,2% de PIB (2003), es decir un monto en torno a los 5.000 millones de euros.

El Ministro Caldera anunció que a partir de la aprobación del proyecto «queremos alcanzar un acuerdo financiero» con las comunidades autónomas, y explicó que el 50% del coste será asumido por la Administración General del Estado y el otro 50% por las autonomías. Asimismo, contará con una aportación económica del propio beneficiario o usuario en función de su renta y patrimonio, copago que ya que consideraba por parte de las asociaciones de mayores y dependientes, como garantía de un sistema para todos, antes que un sistema que financie el 100% pero sólo cubra su dependencia a una minoría.

El Estado aportará más de 12.638 millones de euros desde 2007 hasta el 2015. En el 2007 serás 400 millones, ascendiendo anualmente esta cifra hasta sumar 2.212 millones en el 2015. El dinero saldrá de los Presupuestos Generales del Estado.

Por otro lado, la ordenación autonómica del Estado no debe ser un obstáculo para la aplicación de la futura ley, ni una fuente de diferencias privilegiadas. Este sistema de atención a las personas dependientes ha de actuar como una fuerza de vertebración de la sociedad española, a partir de un tratamiento igualitario, del que debe responder la Administración Central, sin perjuicio de las aportaciones de las comunidades autónomas.

En este aspecto, la Generalitat de Catalunya contará con una Ley de Serveis Socials y un programa para el impulso y la ordenación de la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia (entre ellos los enfermos de Alzheimer) llamado ProdeP. Este programa tiene como misión proponer e implantar un modelo de atención a las personas dependientes, basado en una acción integrada entre los servicios sociales y los de salud, y gestionado descentralizadamente en todo territorio, y diseñar y proponer un ente público que lo gestione (Agencia Catalana). Con este programa las personas afectadas dependiente y sus familias recibirán servicios integrados de salud y sociales, una atención que se llevará a cabo de forma adaptada a sus necesidades particulares y de forma descentralizada y territorializada. Además, a partir del ProdeP se dispondrá de un registro de las enfermedades que permitirá un mayor y mejor seguimiento. De otro lado, el programa potenciará tanto el diagnóstico precoz como la investigación.

En resumen, la aprobación del proyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes es el principio del pago de una vieja deuda, de la retribución que la sociedad toda hace a la familia y a sus integrantes como protagonista y soporte de la solidaridad y de la cohesión social?. Ojalá no se quede en buenas intenciones y tenga un amplio consenso parlamentario, representativo del clamor social.