Los jueces deben disponer de información técnica más precisa al declarar la incapacidad de pacientes con demencia o de ordenar su internamiento no voluntario. Esto sólo será posible con la intervención de equipos multidisciplinarios, dada la complejidad de las patologías mentales, según los expertos que se han reunido en un encuentro propiciado por Carmen Antúnez, responsable de la Unidad de Demencias del Hospital de la Arrixaca de Murcia.

Aurelio Luna, catedrático de Medicina Legal y Forense, considera que "un paso previo a la intervención de la justicia en los procesos de incapacitación del enfermo es el establecimiento de un diagnóstico y pronóstico de la enfermedad muy rigurosos que sólo podrá ser abordado por equipos multidisciplinares".

El experto ha aclarado que "el diagnóstico de sospecha lo puede realizar un médico de familia, pero el definitivo y la evaluación del paciente deben realizarse con criterios establecidos y en un centro de referencia, como se hace en otros lugares de Europa, para evitar no sólo problemas clínicos sino también los periciales". Según Luna, una de las ventajas de confiar el estudio a un centro acreditado sería que las decisiones sobre diagnóstico y pronóstico se desvinculen de la relación directa del enfermo y sus familiares con el experto que debe iniciar el procedimiento de incapacitación".

Autorización judicial

Julián Pérez Templado, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ha matizado que "son los forenses quienes deben dirigirse a los especialistas para solicitar información médica especializada, pues son ellos los que enfocan el problema judicial y hacen de intermediarios".

El jurista ha precisado que al ser el internamiento clínico psiquiátrico no voluntario una forma de privación de libertad justificada por el estado del paciente "necesita de una autorización judicial". En cualquier caso, ha aclarado que "el facultativo que trata la demencia debe entender que el juez no da una orden de internamiento, sino que lo autoriza. En opinión del magistrado, esta idea hay que tenerla clara para que los médicos den el alta a los enfermos recluidos sin necesidad de esperar a la autorización judicial.

Protocolos previos

Guillermo Sena, fiscal de la Audiencia Provincial de Murcia, ha reconocido que no habría inconveniente en solicitar informes médicos de los distintos especialistas que pudieran tratar al paciente y ha anunciado la posibilidad de establecer en el ámbito de la comunidad murciana un servicio específico para enfermedades mentales, incapacidades y tercera edad. El primer paso, según el fiscal, sería "la formación de un equipo multicisciplinar que edite protocolos de actuación".

Por su parte, Antonio Salas, presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, ha señalado que la incapacitación jurídica de una persona, que debe hacerse por sentencia, atenderá a una graduación según las posibilidades de discernimiento que puedan atribuirse al demente.

Sin embargo, esa graduación es "un concepto más médico que jurídico, por lo que los jueces tienen que basarse en los informes periciales".