Las demencias que sobrevienen generalmente con la edad tienen de peculiar que, al ser progresivas, hacen que la capacidad de discernimiento del paciente pase por diversas etapas. Cada una de ellas requiere una actuación diferenciada, tanto para incapacitar al enfermo, como para detectar cuál es su verdadera situación a la hora de tomar sus propias decisiones, como pudiera ser la del testamento vital.

Para que eso sea posible, se requiere que la información clínica que reciban los miembros de la judicatura sea muy precisa, pues de otro modo resulta casi imposible que la decisión judicial sea la que realmente corresponden al grado de deterioro mental de la persona afectada.

 En la actualidad, puesto que jurídicamente no se distingue bien entre las demencias digamos psiquiátricas y estas otras -el Alzheimer, la principal de ellas- son imprescindibles nuevas leyes (o aquellas disposiciones normativas que sean más adecuadas), junto con un baremo exhaustivo de las condiciones del paciente -aportado por la Unidad de Demencias-, que el forense traslada a los jueces. De no hacerlo así, la sociedad y en última instancia el Estado pueden incurrir en graves injusticias que, encima, recaen en individuos que están bajo los efectos de enfermedades terribles que, cada día que pasa, afectan a un mayor número de ciudadanos.