No incapacitar a los enfermos con Alzheimer puede traer graves consecuencias jurídicas para ellos. Así lo piensa Blanca Clavijo, abogado especialista en esta materia, que habló sobre la problemática que rodea a estos enfermos en una mesa redonda sobre psiquiatría y derechos humanos, dentro del IV Seminario Internacional de Biomedicina y Derechos Humanos Interuniversitario, celebrado en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

"Una persona con Alzheimer tiene capacidad jurídica pero no de obrar, y todos los problemas surgen porque la mayoría no están incapacitadas judicialmente" (alrededor del 95 por ciento de estos enfermos no ha pasado por este proceso). "Son personas que no se pueden gobernar por sí mismas y son objeto de constantes vulneraciones de sus derechos fundamentales". Por eso, hay que llegar a un punto en que esa persona viva en equilibrio y que todos sus derechos estén totalmente protegidos".

El procedimiento no es fácil, pues el Código Civil establece que sólo se puede incapacitar a una persona mediante sentencia judicial firme, y sólo a partir de ese momento tendrá un representante legal. Por otra parte, la ponente se refirió a la Ley de Dependencia, que "vulnera claramente derechos fundamentales de la persona dependiente que carece de capacidad de obrar, esté o no incapacitada".

La ley adolece de un defecto muy importante en la redacción en algo tan importante como es decidir el plan de cuidados de una persona. Al respecto, no entiende cómo "no está previsto que se consulten los registros de instrucciones previas por si la persona dependiente a la que vamos a valorar hubiera otorgado un testamento vital unas pautas que deban seguirse".