La Comunidad de Madrid destinará un total de 1,9 millones de euros a garantizar el funcionamiento de la Agencia Madrileña de Tutela para adultos (AMTA), cuyo fin es velar por los intereses de los madrileños que han sido incapacitados por un juez y que actualmente cuenta con más de 3.500 personas a su cargo.

   El vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este jueves se ha aprobado una primera fase del presupuesto global del organismo público, que asciende a 3,7 millones de euros.

   Esta agencia cuenta con más de 3.500 adultos tutelados con algún tipo de trastorno, enfermedad mental o discapacidad intelectual, que en la mayoría de los casos carecen de familiares, que no pueden valerse por sí mismos y que han sido incapacitados por sentencia del juez.

   Según el último balance, las causas de incapacitación de las personas tuteladas por la Comunidad de Madrid son en un 32 por ciento de los casos el padecimiento de una demencia; en un 31 por ciento, de una deficiencia mental y en un 21 por ciento de los casos, de esquizofrenia. En cuanto al perfil de la persona tutelada, la mayoría tienen una edad comprendida entre los 40 y los 60 años y el 51 por ciento son mujeres.

   Desde su creación en 1990, este organismo ha tutelado a más de 8.400 personas. El vicepresidente ha destacado la labor de este organismo ya que "da cobertura a todas las necesidades que puedan tener estas personas, que en la mayoría de los casos se encuentran en una situación de desarraigo familiar, prestándoles una protección integral basada en tres áreas específicas de acción: jurídica, económica y social".

ÁREAS DE ACTUACIÓN

   El Área Jurídica asume la defensa y representación judicial de los tutelados, dando a su vez el soporte legal a todas las actuaciones que lo requieran. Además, cuenta con un Servicio de Orientación Jurídica, ubicado en la misma sede de la Agencia, que facilita información y asesoramiento a profesionales y familiares de personas incapacitadas.

   El área económico-administrativa es la encargada de gestionar todas las cuestiones referidas al patrimonio de los incapaces, realizando las labores de administración, custodia, mantenimiento e inversión, en su caso. Además, se cumple con las obligaciones tributarias de los tutelados, así como la presentación de inventarios y rendiciones de cuentas a juzgados y tribunales.

   Finalmente, los trabajadores sociales se encargan de la atención y seguimiento integral del incapacitado y de promover las actuaciones necesarias para cubrir las necesidades de los tutelados.

La Comunidad de Madrid destinará un total de 1,9 millones de euros a garantizar el funcionamiento de la Agencia Madrileña de Tutela para adultos (AMTA), cuyo fin es velar por los intereses de los madrileños que han sido incapacitados por un juez y que actualmente cuenta con más de 3.500 personas a su cargo.

   El vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este jueves se ha aprobado una primera fase del presupuesto global del organismo público, que asciende a 3,7 millones de euros.

   Esta agencia cuenta con más de 3.500 adultos tutelados con algún tipo de trastorno, enfermedad mental o discapacidad intelectual, que en la mayoría de los casos carecen de familiares, que no pueden valerse por sí mismos y que han sido incapacitados por sentencia del juez.

   Según el último balance, las causas de incapacitación de las personas tuteladas por la Comunidad de Madrid son en un 32 por ciento de los casos el padecimiento de una demencia; en un 31 por ciento, de una deficiencia mental y en un 21 por ciento de los casos, de esquizofrenia. En cuanto al perfil de la persona tutelada, la mayoría tienen una edad comprendida entre los 40 y los 60 años y el 51 por ciento son mujeres.

   Desde su creación en 1990, este organismo ha tutelado a más de 8.400 personas. El vicepresidente ha destacado la labor de este organismo ya que "da cobertura a todas las necesidades que puedan tener estas personas, que en la mayoría de los casos se encuentran en una situación de desarraigo familiar, prestándoles una protección integral basada en tres áreas específicas de acción: jurídica, económica y social".

ÁREAS DE ACTUACIÓN

   El Área Jurídica asume la defensa y representación judicial de los tutelados, dando a su vez el soporte legal a todas las actuaciones que lo requieran. Además, cuenta con un Servicio de Orientación Jurídica, ubicado en la misma sede de la Agencia, que facilita información y asesoramiento a profesionales y familiares de personas incapacitadas.

   El área económico-administrativa es la encargada de gestionar todas las cuestiones referidas al patrimonio de los incapaces, realizando las labores de administración, custodia, mantenimiento e inversión, en su caso. Además, se cumple con las obligaciones tributarias de los tutelados, así como la presentación de inventarios y rendiciones de cuentas a juzgados y tribunales.

   Finalmente, los trabajadores sociales se encargan de la atención y seguimiento integral del incapacitado y de promover las actuaciones necesarias para cubrir las necesidades de los tutelados.